Partidos deberán asumir responsabilidad por alcaldes señalados por crimen organizado
El debate sobre la responsabilidad de los partidos políticos en el control de sus cuadros gana tracción ante el aumento de casos de presidentes municipales señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.
El diputado Julio Huerta Gómez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de Puebla, advirtió que las fuerzas políticas no pueden deslindarse de la conducta de los ediles que postulan, incluso cuando enfrentan señalamientos penales o investigaciones. El legislador sostuvo que este fenómeno se ha venido normalizando, con partidos que evaden rendir cuentas sobre perfiles polémicos que terminan gobernando.
“Los institutos políticos deben asumir la responsabilidad desde los filtros de selección y no después, cuando ya ocupan cargos públicos”, afirmó el morenista, sugiriendo además que la detención de alcaldes vinculados al crimen debería ser respaldada por un escrutinio interno riguroso de los partidos.
El llamado a reforzar el control de los procesos de nominación ocurre en un contexto más amplio en México, donde operativos como Operativo Enjambre han derivado en la detención de decenas de funcionarios municipales por presuntos vínculos delictivos, afectando a representantes de diversos partidos políticos. En ese ejercicio, 14 alcaldes en funciones o exediles han sido capturados, acusados de extorsión, desvío de recursos, secuestro exprés y homicidio.
El señalamiento de Huerta coincide con otras voces en el país que piden no sólo sanciones judiciales, sino también reformar el diseño de los criterios de selección de candidatos para evitar que perfiles con antecedentes cuestionables lleguen al ejercicio del poder. Especialistas y legisladores apuntan a la necesidad de mecanismos preventivos que alcancen desde la fiscalización partidista hasta cambios normativos que permitan vetar aspirantes con posibles vínculos criminales.
La discusión política, por tanto, se ubica en un cruce entre la rendición de cuentas partidista y la estrategia institucional para combatir la infiltración del crimen organizado en cargos públicos, con especial atención en los ayuntamientos de estados como Puebla, que enfrentan retos persistentes de inseguridad y amenazas a autoridades municipales.