Puebla
El gobierno de Puebla publicó recientemente la llamada Ley de Ciberseguridad, conocida popularmente como la “ley censura”, que establece penas de hasta 3 años de prisión y multas de hasta 40 mil pesos para quienes insulten o agredan a otros usuarios a través de redes sociales y otros espacios digitales.
La nueva normativa, impulsada por Morena, tipifica como delito el “ciberasedio”, definido como el acto de insultar, injuriar u ofender reiteradamente a una persona mediante plataformas digitales, con el objetivo de causarle daño emocional o físico.
Esta medida surge en un contexto donde el uso de redes sociales para expresar críticas o quejas es común, pero también se vuelve un terreno delicado para la libertad de expresión, pues organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre la ambigüedad de los términos y el riesgo de que la ley pueda usarse para censurar opiniones.
Según el Código Penal de Puebla, el delito de ciberasedio se configura cuando alguien utiliza tecnologías de la información —como redes sociales, correo electrónico o cualquier medio digital— para insultar o acosar de forma insistente a otra persona, causando un perjuicio en su bienestar.
Además, la ley incluye otros delitos relacionados, como la usurpación de identidad, el espionaje digital y el grooming, con penas específicas para cada caso.
Por ejemplo, la usurpación de identidad se castiga cuando se usa la imagen o datos de otra persona para manipular a menores de edad o personas vulnerables con fines sexuales o de chantaje.
El espionaje digital sanciona el acceso no autorizado a sistemas informáticos para obtener información privada.
Quienes sean encontrados culpables de ciberasedio enfrentarán penas de prisión que van desde 11 meses hasta 3 años, además de multas que pueden llegar hasta casi 40 mil pesos.
La ley endurece las penas cuando las víctimas son menores de edad, aumentando la duración de la prisión y la gravedad de la sanción por el impacto en su desarrollo psicológico y físico.
La Ley de Ciberseguridad fue propuesta en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, entonces diputado y actual coordinador de Gabinete del gobernador Alejandro Armenta.
El Congreso local aprobó la ley con amplia mayoría y fue publicada oficialmente en el Periódico Oficial del Estado el 13 de junio de 2025, entrando en vigor al día siguiente.